Feijoo Colomine Rincones
Dice el refrán en boca del pueblo..."el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones".
He aquí una crónica de un desastre anunciado, que traerá -de aprobarse- mayores males a la República.
Un
grupo de parlamentarios del PSUV, preñados de buenas intenciones, pero
acaso con poca información y obedeciendo "líneas de arriba", se disponen
acabar con la Revolución Bonita, nacida el 4-F de 1992. No son los
angeles de la escritora Ángela Zago, parecen más bien los protagonistas
de la biografía del Comandante Chávez, escrita por Alberto Garrido,
plagada de conspiraciones, actos ilegales, traiciones, oportunismo, todo
en torno al individualismo y el culto a la personalidad.
A
un mundo de incautos, se le anuncia y proponen desde el PSUV la
discusión de un instrumento jurídico, para demoler las bases y
principios de la Revolución Bolivariana: una sociedad democrática,
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, para esta
y las futuras generaciones... principios revolucionarios proclamados el
Preámbulo del texto Magno que será violado.
¿Para
eso, seis millones de venezolanos, elegimos el 6 y 9-D, una Asamblea
Nacional, representativa de la voluntad que ya no es depositaria del
pensamiento y voluntad mayoritario del pueblo venezolano? ¿Perdí mi voto
el 6-D?
Ya un mal
presagio, lo tuvimos con los pueblos indígenas en el diciembre electoral
de 2020, cuyos dolientes siguen marginados y sin voz, cuando nos
enteramos que se decretó por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la
ley ad-hoc que rigió dichos comicios, separando a los pueblos indígenas,
del resto del pueblo venezolano, obligándolos a votar por separado el
9-D.
¿Quién determinó la restitución de esta odiosa y racial división entre los venezolanos, indígenas y no indígenas?
Al
carajo el capítulo VIII Constitucional de los derechos de los pueblos
indígenas, en especial el artículo 126: "Los pueblos indígenas, forman
parte del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e
indivisible..." Y a renglón seguido, como si en los 20 años de
Revolución Bolivariana, estos pueblos, que en 1999 eran 28 etnias
reconocidas y hoy son 44, no hubiesen crecido ni revitalizado, sin
embargo, su representatividad se mantuvo al igual que en 1999, en tres
diputados en la Asamblea Nacional.
Ahora,
nos presentan como si fueran una magnífica novedad, las Zonas
Económicas Especiales, bajo un formato de "Ley Orgánica", e imponerlas
como modelo de organización del territorio, a las regiones fronterizas y
los hábitats indígenas, expresamente consagrados y no desarrollados en
los artículos 15 y 119 Constitucionales.
Las
ZEE no son ninguna novedad. Existe una grave anomalía, originada por
dos decretos: el 1495 y el 1496, los cuales crean en diciembre de 2014,
las zonas económicas especiales de Paraguaná, en el estado fronterizo
Falcón y Ureña-San Antonio, en el estado fronterizo Táchira.
En ambas, se rompió la integridad territorial consagrada en el artículo 4to. Constitucional.
¿Fueron consultados para tales decretos, los consejos legislativos de los estados Falcón y Táchira?
No!!
Fue
atropellado el 164 Constitucional, pues es competencia de los estados,
la organización de sus municipios en la inversión y administración de
sus recursos, así tengan origen especial. Más, si se trata de estados
fronterizos, con límite internacional, como es el caso de Falcón,
respecto a Antillas Neerlandésas (Reino de Holanda) y Táchira respecto a
la república de Colombia.
Pero
se viola también el 15 Constitucional, "El estado tiene la obligación
de establecer una política integral en los espacios fronterizos...
Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza, a través
de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras
determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad."
Pero
hablemos de la fracasada ZEE Ureña-San Antonio del Táchira, luego de
siete años de creada por Ley Habilitante, nada menos que por el
presidente Nicolás Maduro.
Acerca
de sus promotores: el ex-militar José Gregorio Vielma Mora, que como
gobernador del estado Táchira en diciembre de 2014 y el ministro de
planificación Ricardo Menendez, quienes logran que el presidente Nicolás
Maduro dicte el decreto 1496 (GO.40.554) de la Zona Económica Especial
Fronteriza Ureña-San Antonio, afectando un territorio de 279,4 km2 (suma
del territorio de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña) y sus
118.005 habitantes.
Hubo inversiones y gastos
presupuestarios, en bolívares y dólares; de hecho lucen en el abandono
instalaciones y puentes peatonales en el sitio "Tienditas", donde se
encuentra aún cerrado y nunca inaugurado por las repúblicas de Venezuela
y Colombia, el puente internacional.
No
se conocen consultas con el Consejo Legislativo del estado Táchira,
tampoco informes de la Contraloría del Estado Táchira, ni de la
Contraloría General de la Nación, acerca de la rendición de cuentas,
causadas por el Decreto señalado.
Menos aún las
instalaciones de un hotel, centro comercial con restaurantes, bancos,
casas de cambio, tiendas, estación de servicio para venta de
hidrocarburos, galpones para fábricas y talleres de confección de ropa y
calzado, marroquinería, carpinterías, carrocerías, plásticos, para
ocupar unas 270 hectáreas de urbanismo, a siete años de haber sido
aprobado el proyecto y financiamiento de esta Zona Económica Especial
Ureña-San Antonio.
No se conoce la existencia de un informe de opinión, por parte de la Procuraduría del estado Táchira.
¿Fueron consultados los concejos municipales de Bolívar y Pedro María Ureña?
No!!...No existe ordenanza de creación de una Mancomunidad Municipal.
Pero
cuando evaluamos tanto los decretos de las ZEE de Paraguaná y Ureña y
San Antonio del Táchira, nos encontramos con una diferencia clave: en
ambos decretos un idéntico artículo 6to. Y su numeral 7 reza: Las
empresas establecidas en la Zona Económica Especial ….(Paraguaná o Ureña
y San Antonio) deben CUMPLIR CON LAS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS DE
PROTECCION AL TRABAJO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
GARANTIZANDO A SUS TRABAJADORES A REALIZAR SUS LABORES EN CONDICIONES
DIGNAS, SEGURAS Y SALUDABLES.
Al
desaparecer del proyecto de está Ley de ZEE, se promueve la
desregularización laboral, acciones contra la clase obrera, para que se
instale un régimen de MAQUILA, trabajo a destajo, prohibido en la
Constitución y ley orgánica del trabajo. Destruirá el esfuerzo de más de
40 años empleado por Miles de tachirenses de los municipios Bolívar y
Pedro María Ureña en el desarrollo de un centenar de Pequeñas y Medianas
Industrias metalmecanicas, del plástico, del calzado y confección de
ropa y cuero, entre otras, hoy prácticamente destruidas, pero donde se
respetan las regulaciones laborales previstas en los artículos 91 y 92
Constitucionales.
Esas
industrias se desarrollaron desde el año 1976, cuando por iniciativa
privada y de la municipalidad de Ureña, se emite una ordenanza de
estímulo a la instalación de pequeñas y medianas empresas, lográndose en
36 años la consolidación de un grupo de fabricantes de ropa, calzado,
muebles metálicos, carrocerias, diversidad de plásticos para uso
doméstico y partes automotrices, para dar empleo directo a cinco mil
trabajadores calificados y 30.000 empleos indirectos.
Se
une a esta iniciativa el municipio Bolívar en 1980, con estímulo y
permisologia municipal para un régimen de maquila en la producción de
cigarros, marroquinería, (materia prima ingresada desde Colombia),
también muebles metálicos. Pero el régimen laboral de maquilas, agregado
a varios graves accidentes, impusieron un estatus ilegal en Venezuela
que colocó a estas industria en un pequeño nicho economico marginal,
para el predominio del comercio fronterizo con Colombia.
Ureña
nuestra importantes récords de producción: al inicio del gobierno del
presidente Chávez, se producían mensualmente: 6 millones de jeans,
150.000 pares de calzado, 15 buses de capacidad de 30 pasajeros. Ureña
tenía capacidad para surtir todo el ajuar requerido por dos millones de
escolares venezolanos (uniforme, lycras, calzado, bulto, lapices y
cuadernos).
Venezuela y
Colombia tienen rotas las relaciones políticas y consulares, las
comerciales desde hace doce años cuando Venezuela se retiró de la unión
aduanera consagrada por el Acuerdo Sub.regional Andino, cómo impedir que
los capitales ilegales del narcotráfico fluyan desde el territorio del
Departamento Norte de Santander de Colombia, considerado el más
importante territorio productor de cocaína heroína y marihuana del
mundo.
Como dato curioso,
la Cámara Venezolano-Colombiana, organismo empresarial que agrupa a
empresarios colombianos, se convirtió en importante promotora de la ZEE
Ureña-San Antonio.